EL FILO DE LA NAVAJA

El Congreso de Colombia, recientemente aprobó una ley que reconoce ascensos a policías y militares secuestrados.
La iniciativa pasa ahora a sanción presidencial y permite que además de los uniformados secuestrados, también gocen de estos beneficios los oficiales y suboficiales rescatados durante la operación Jaque.
La mayoría de ellos se hizo presente en el recinto del Senado para respaldar a la autora del proyecto, la representante Lucero Cortés.
De acuerdo con ello, el coronel Luis Mendieta ahora va a ser reconocido en el grado de general, sólo por mencionar uno de los casos mas renombrados y recordados, de esta deshumana situación que viven algunos compatriotas Colombianos.
La representante Cortés enfatizó que se trata de un reconocimiento a quienes han sido víctimas del secuestro sirviéndole al país.
"Es un acto de justicia con los uniformados que en algunos casos completan más de 10 años pudriéndose en la selva, como por ejemplo el Coronel Luis Mendieta, quien se encuentra en poder de las Farc desde noviembre de 1998", indicó la congresista, a un medio de circulación nacional.
El artículo principal del proyecto aprobado, señala que "los oficiales y suboficiales de la Fuerzas Militares y de policía, que hayan sido víctimas del delito de secuestro serán ascendidos al grado inmediatamente superior al que ostentaban en el momento del secuestro cuantas veces cumplan en cautiverio con el tiempo mínimo establecido como requisito para ascenso en los grados correspondientes del personal activo en la respectiva fuerza de acuerdo a la reglamentación existente".
Agregó que "no es lo mismo para una esposa vivir con el sueldo de cabo que con el sueldo de sargento"

Pues bien, hasta aquí seguramente todos estarán de acuerdo con la representante Cortés, pero cuando se hacen estas propuestas con tan sólo el interés de figurar, de aparecer "en escena", lo cual es quizá un anhelo de la ex actriz Lucero Cortés, de quien no recuerdo mayor trayectoria en la pantalla chica, pueden significar un caminar sobre el filo de la navaja.

No sé cómo la representante dejó de analizar lo que salta de inmediato a la reflexión de quienes estamos constantemente en contacto con los hechos del país. Su propuesta automáticamente coloca en una posición favorable a los subversivos y aún más crítica a los secuestrados, que estaban pensando en una salida pronta de su condición.

Cómo no ha de ser favorable para las FARC, el que sin proponérselo ahora ya no tenga a un coronel, sino a un general de la República, como en el caso de Mendieta. Y así con todos los demás. Es decir con el paso del tiempo se les van a "cotizar" los secuestrados. Sin mover un solo dedo. El mismo gobierno se encargó de hacerles prosperar en sus exigencias, para una eventual liberación, o un canje.

No es difícil entender que para las FARC, tan solo se trata de esperar, quizá otros diez años y tendrá secuestrados a la más importante línea de mando de las fuerzas militares y de policía.

Si lo que se buscaba era favorecer a las familias de los secuestrados, por qué no se promulgó un proyecto de ley en donde se asegurará un incremento salarial anual, acorde con los ajustes presentados por el gobierno, o de acuerdo con IPC, o el incremento de las tasas de inflación, o el incremento del costo de la canasta familiar.

Bien se podría haber concertado alguna de éstas fórmulas con el gobierno. O crear una tabla de aumento porcentual para el caso de los secuestrados, exclusivamente para sus núcleos familiares, con ajustes anuales.

Pero lo que está a portas de ser sancionado por el gobierno, se convierte en una espada de Damocles, por creer que se está favoreciendo a las familias de los militares secuestrados, por creer que se les está honrando al designarles una ascenso... se está haciendo es más fuerte la posición irracional de la subversión, quien no ha tenido en cuenta el D.I.H. y para quien ahora se debe negociar no por unos sub oficiales, sino por oficiales de alto rango. Qué afán presiona a las FARC, si por cada año que pase, cada uno de ellos irá haciendo tiempo para el ascenso. Las FARC, pueden esperar el tiempo que quieran, lo han demostrado, hasta tener en su poder producto de este proyecto, a la más grande cúpula militar que se haya secuestrado en la historia de Colombia. Sería tanto como si hubieran ingresado al mismísimo Ministerio de la Defensa, y sin haber corrido con el riesgo, la planeación y realización de semejente operación. Sólo es cuestión de seguir esperando. Todo ello por el afán de una ex actriz, de no pasar desapercibida, la presión moral quizá, de ir a las sesiones y sólo responder al llamado a lista, o ese fantasma oculto que persigue a todos los actores: Figurar, figurar... figurar

Seguridad Democrática... Hasta Dónde?

La política de Seguridad Democrática del Presidente Uribe, luego de ser aplaudida internacionalmente, sufre un significativo revés, cuando el mismo presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Militares, debe llamar a calificar servicios a 27 miembros de la institución, por estar involucrados en la práctica de falsos positivos, en asocio con grupos al margen de la ley, que asesinaron a varios ciudadanos inocentes y que fueron presentados como subversivos muertos en combate contra el ejército de Colombia.

Los generales llamados a calificar servicios fueron el mayor general Roberto Hernández Pico y los brigadieres generales José Joaquín Franco Cortés y Paulino Coronado.
La medida también afecta a 4 coroneles, 7 tenientes coroneles, 4 mayores un capitán y un teniente, además de 7 suboficiales, para un total de 27 miembros del Ejército, según reveló el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León.

"No se puede confundir la eficacia en las operaciones militares con la cobardía para enfrentar a los delincuentes y la distiorsión de la eficacia, asesinando a inocentes", dijo el presidente.

En estos casos de los desaparecidos de Soacha será la justicia ordinaria y no la justicia penal militar la que investigue a los oficiales que fueron llamados por el Gobierno a calificar servicios
Se trata la mayor purga en las filas de las Fuerzas Militares por un caso de derechos humanos en Colombia.

Según la investigación administrativa iniciada por el Ministerio de Defensa demostró que "hay serios indicios de negligencia del mando en cuanto a la observancia en los procedimientos que rigen inteligencia, ejecución y evolución de la operaciones militares así como negligencia en la investigación rigurosa de casos irregulares en su división".

La investigación del Ministerio de Defensa mostró que los oficiales pudieron haber evitado la corrupción que se presentó entre miembros de las Fuerzas Militares y delincuentes que incurrieron en los casos de violación de los derechos humanos.

La lista de los militares que operaban en Norte de Santander principalmente y otras regiones de Colombia, es la siguiente:

3 Generales, 4 Coroneles, 7 Tenientes Coroneles, 4 Mayores, 1 Capitán, 1 Teniente, 3 Sargentos Viceprimeros, 3 Sargentos Segundos y 1 Cabo. Ellos son:

Mayor General Roberto Pico Hernández. Comandante 7 División
Brigadier General José Joaquín Cortéz Franco. Comandante 2 División
Brigadier General Paulino Coronado Gámez. Comandante Brigada 30
Coronel Santiago Fajardo Herrera. Ex comandande Brigada Móvil 15
Coronel Juan Carlos Barrera Jurado. Comandante Brigada 14
Coronel Rubén Darío Castro Gámez. Comandante Brigada Móvil 15
Coronel Carlos Bohorquez Botero. Jefe Estado Mayor Brigada 14
Teniente Coronel Alvaro Diego Tamayo Hoyos (primer Edecán del Presidende Uribe, en su primer mandatoen el 2002) Comandante Batallón de Infantería 15 "General Fco. de Paula Santander.
Teniente Coronel Néstor Camelo Piñeros. Ex comandante Batallón de Ingenieros "Batalla de Calibío"
Teniente Coronel Wilson Ramírez Sedeño. Comandante Batallón de Ingenieros "Batalla de Calibío"
Teniente Coronel Wilson Castro Pinto. Ex Comandante Batallón de Infanteria "General Rafael Reyes"
Teniente Coronel Milton Barón Rubio. Ex comandante Batallón de Infantería "Batalla de Bomboná"
Teniente Coronel Gabriel Rincón Amado. Oficial de operaciones Brigada Móvil 15
Teniente Coronel Ángel Alberto Acosta Vargas. Comandante Batallón de Servicios 14
Mayor Carlos Gilberto Rodríguez Mora. Oficial de Inteligencia Brigada Móvil 15
Mayor José Simón Baquero Ramos. Comandante Batallón de Contraguerrilla 96, Brigada Móvil 15
Mayor Oscar Mauricio Peralta Ramírez. Ex oficial de operaciones Batallón de Infanteria "General Rafael Reyes"
Mayor Nemecio López Díaz. Oficial de inteligencia Brigada 14
Capitán Javier Alarcón Ávila. Oficial de inteligiencia Batallón de Ingenieros "Batalla de Calibío"
Teniente Eduard Villani Realpe. Oficial de inteligencia Batalón de Infanteria "General Rafael Reyes"
Sargento Viceprimero Jhon Fredy Sotelo. Sub Oficial sección de inteligencia del Batallón de Ingenieros "Batalla de Calibío".
Sargento Viceprimero Jesús Niampira Benavides. Sub Oficial sección de inteligencia Batallón de Infanteria "General Rafael Reyes"
Sargento Viceprimero Fredy Perdomo Bonilla. Almacenista Batallón de Infantería 15 "General Fco. de Paula Santander"
Sargento Segundo Cristian Castro Ojeda. Almacenista de armamento Batallón de Ingenieros "Batalla de Calibío".
Sargento Segundo Sandro Pérez Contreras. Sub oficial de Inteligencia Batallón de Infantería "General Fco. de Paula Santander"
Sargento Segundo Fernando Cano Gómez. Reemplazante de pelotón Batallón de infantería "Batalla de Bomboná"
Cabo Tercero Felipe Perdomo Polanía. Comandante de Escuadra Batallón de Ingenieros "Batalla de Calibío".

Pero la comunidad nacional e internacional, no puede quedarse y abstraerse de las determinaciones realizadas por el gobierno del presidente Uribe, es decir no se puede caer en la simple apreciación de que al gobierno no le tembló la mano para tomar esta decisión, ese mismo gobernante, es el comandante en jefe del Ejército, y debe como tal, explicar a la comunidad nacional e internacional, cómo un ejército al que se le reconoció y cacareó la operación jaque, es el mismo que adelanta acciones de violación a los derechos humanos.

Acá debe quedar muy claro, quién daba las órdenes para que se ejecutaran estas acciones violatorias a los derechos humanos, al asesinato de inocentes para presentarlos como subversivos dados de baja en combate. ¿Desde cuándo se venían desarrollando estas prácticas? ¿Qué se buscaba políticamente y militarmente con estos asesinatos? ¿Quiénes más están implicados por acción o por omisión?, puesto que igualmente tienen responsabilidad en los hechos. ¿Con qué grupos al margen de la ley se venía operando y el por qué de estas macabras relaciones?

Recientemente el mismo presidente de la república, cuestionó la situación generada en el D.A.S. (Departamento Administrativo de Seguridad, de Colombia) un organismo del estado, por impartir órdenes de seguimiento e investigación a un congresista del país, al senador Gustavo Petro y a otros miembros del Polo Democrático, y ante la no claridad de quién impartió las órdenes y el supuesto desconocimiento por parte de la directora de este organismo, se presentó por parte de esta, su carta de renuncia al cargo. He ahí un ejemplo por parte de un subalterno del presidente, de cómo actuar cuando estando al frente de un organismo, no se sabe explicar ante la comunidad las actuaciones violatorias a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Uribe Vélez debe explicar a la comunidad, quién impartió órdenes, desde cuando esta práctica se ejerce al interior de las fuerzas militares, cuál es la real cifra de víctimas en el país, producto de estos falsos positivos, dónde están los cuerpos, con quienes coaligaron los militares, para realizar estas actividades.

No podemos dejarnos llevar por la impresión de un acto, que pueda ser la reacción lógica frente a algo que no podía seguirse ocultando.
La cultura popular es sabia cuando dice: No busquemos el ahogado río arriba, cuando sabemos que está río abajo.

POR EL RESPETO A LA PRENSA

Preocupante cada vez más, la situación en la que han colocado los organismos de seguridad del estado a los periodistas, suplantándolos para poder llevar a cabo las acciones que no logran cumplir como autoridades, debido quizá, a su incompetencia y falta de desarrolllar resultados contundentes contra la delincuencia.

Para facilitar la contextualización del riesgo en que nos estamos dejando meter los comunicadores, recordemos algunas de las acciones, en las que recientemente, los miembros de los cuerpos de seguridad del estado han vinculado irresponsablemente a la prensa, colocando de antemano en riesgo la vida de quienes hemos ejercido esta profesión de manera ética y libre.

El más sonado de los casos, fue el de la operación Jaque. Literalmente, todo el mundo, puesto que la noticia se presentó a lo largo y ancho del planeta, pudo ver como un grupo de agentes encubiertos, fingieron de periodistas de un canal de televisión, hicieron imágenes de los secuestrados, durante todo el operativo y manifestaban que las directrices del supuesto canal de televisión, no les permitía el realizar entrevistas con los secuestrados, pero finalmente se observaron las declaraciones de algunos de ellos.

Otro caso, fue el registrado en la ciudad de Bogotá, en la sede de una entidad bancaria, en donde un ex militar amenazaba con hacer explotar una granada, si no se atendían una serie de denuncias y exigencias que colaba de manifiesto. En esta oportunidad, reporteros y comunicadores de verdad, estaban haciendo el cubrimiento de la situación, y algunos osados y rayando en la irresponsabilidad, por que hay que decirlo también, decidieron transmitir en directo todas las circunstancias en las que se desarrolló el suceso, simplemente por la presión de sucumbir todo y sin el más mínimo asomo de valoración de la situación que podría desencadenarse, terminaron hincados ante el rating de la sintonía.

En aquella oportunidad, igualmente los miembros de policía y seguridad, determinaron que para poder llegar al sujeto y reducirlo era fingiendo de comunicadores sociales. En efecto, así los hicieron y lograron despojar del artefacto explosivo al ex militar y resolver la situación.

El caso más reciente, del que tenga conocimiento, se registró en la ciudad de Cúcuta, cuando un desadaptado social, decidió asesinar a dos personas, secuestrar a otras y amenazar con volar una vivienda, mediante la explosión de un cilindro de gas propano, con los rehenes dentro.

Las autoridades enteradas de la situación, buscaron los mecanismos para resolverla, y ante la incompetencia de facultades para hacerlo, nuevamente encontraron en la suplantación de la prensa, la herramienta válida. A continuación entrego a los lectores, los apartes publicados en la edición digital del diario La Opinión de Cúcuta, en la cual el periodista narra paso a paso, la forma como la autoridad, en un nuevo caso de violación del los derechos de la prensa, la suplanta para poder cumplir con la obligación constitucional que se les otorgó, de velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos, pero como autoridad y no como periodistas. -Veámos:- Los textos resaltados son míos, con el único fin de contextualizar los hechos.

"Terror e incertidumbre

La Policía recibió la noticia y envió patrullas al sitio para verificar lo sucedido. Los uniformados acordonaron el área y solicitaron apoyo y unidades del Gaula. A las 7:00 de la mañana, el sujeto comenzó a disparar al aire. Advirtió a los agentes que se retiraran porque haría explotar el cilindro de gas. Los agentes, al mando de un oficial, buscaron persuadir a Daniel Santos Ardila para que se entregara y no cometiera ninguna locura. La Policía intentó negociar y llegar a un acuerdo con el sujeto para que se rindiera. Los esfuerzos fueron vanos. Los uniformados recorrieron los entejados de residencias vecinas. El sujeto armado los vio y les disparó. Ante el peligro, decidieron aguantar y preparar un plan para salvarle la vida a Leydi Liliana Buendía y al hijo. Inesperadamente, Santos Ardila accedió a que el niño saliera. Los uniformados buscaron herramientas y tumbaron una parte de la ventana para permitir que el pequeño quedara libre.I

Inició el engaño

A las 9:00 de la mañana, los policías, al ver que no avanzaban en las negociaciones, se disfrazaron como representantes de un medio de comunicación, y con la excusa de conocer las exigencias se acercaron a la puerta de la casa y observaron hacia el interior del inmueble. El hombre pidió que los policías se retiraran de los techos vecinos. Diez minutos después, el oficial llamó al Gaula para que estudiara cómo ingresar a la vivienda. Al analizar que era imposible, volvieron a la trama montada de hacerse pasar como periodistas.

Daniel Santos les pidió a los supuestos comunicadores que llamaran a la esposa, porque quería verla y hablarle. A las 9:25 de la mañana, llegó la mujer. Después de varios minutos iniciaron la conversación. Luego del primer encuentro familiar, el sujeto pidió un equipo de paramédicos y tres ambulancias. Mientras se cumplía la solicitud, los agentes le acercaron a la puerta otras familiares para que ayudaran a pedirle que se entregara. Otra vez los esfuerzos fueron vanos. A las 10:31 de la mañana, el comandante de la Policía en Norte de Santander, coronel Jorge Iván Flórez Cádenas, se acercó a la ventana para negociar. Daniel Santos le disparó. A las 10:40, los presuntos periodistas se acercaron de nuevo a la residencia. El hombre les pidió que llamarán a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Cruz Roja para que le garanticen los derechos.

Además, pidió agua o gaseosa. A las 11:05, llegaron tres ambulancias con personal paramédico. La Policía aprovechó para llevarle un refresco al que le habían aplicado un calmante. A las 11:25, llegaron los organismos de derechos humanos. Los uniformados reiniciaron la negociación. No lograron llegar a un acuerdo. A las 11:45, Daniel Santos volvió a hablar con los familiares. Solicitó más gaseosa o agua. A las 12:15 de la tarde, llegó la camioneta que había pedido. Los agentes le acercaron el refresco que contenía tranquilizante. A las 12:45, Santos Ardila salió a la ventana. Le preguntó a la esposa cómo estaba y verificó que la camioneta estuviera en la calle. A las 12:53, los supuestos periodistas volvieron a la ventana. Junto con algunos familiares le piden que saliera, que le garantizaban que no pasaría. El hombre se acercó para escucharlos. A las 12:58, uno de los policías disfrazado de periodista lo desarmó. Leydi Buendía abrió la puerta. La Policía aprovechó el momento y capturó a Santos. No hubo heridos.El coronel Flórez Cárdenas ingresó a la vivienda, esposó al hombre, lo sacó y lo llevó a una patrulla.

Siempre tuvimos la situación controlada

El coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas, comandante de la Policía en Norte de Santander, coordinó la operación de rescate. Aseguró que nunca pusieron en riesgo la vida de la Leydi Buendía y que para eso ingeniaron cómo engañar a Daniel Santos Ardila".

Un nuevo episodio en donde no solamente se suplanta la actividad de la Prensa, hay que ver con atención las dimensiones en las cuales se ha colocado a los representantes de los medios de comunicación por esta práctica ilegal, abusiva, atentatoria y lesiva para el ejercicio del periodismo en Colombia.

Si fuese lo contrario, que un periodista, o periodistas que, para cubrir un suceso se hicieran pasar como miembros de la fuerza pública y utilizaran además sus emblemas e indumentaria, ya estarían judicializados por suplantación de la autoridad y el uso indebido de prendas privativas, pero como fueron ellos, los representantes de los organismos de seguridad del estado, entonces no pasa nada.

No es difícil pensar, que como consecuencia de esta práctica, el día de mañana cuando se repita un hecho de violencia en el país, que no es necesario esperar que pase mucho tiempo, y cuando los reporteros y periodistas pretendan cumplir con su misión, con la responsabilidad social que les atañe, sean blanco de las balas de quienes como delincuentes, se hallen prevenidos ante la figura de "un periodista" que puede ser un miembro de la policía encubierto, y que lo que pretende es neutralizarlo. No se necesita ser un intelectual, para discernir que un bandido actúe de manera inmediata, disparando frente a la prensa, porque posiblemente se trate de agentes encubiertos, nuevamente.

Pero lo preocupante de esto, es que hasta la fecha ningún organismo de control del estado, llámese procuraduría, defensoría o cualquier otro, se ha pronunciado frente a esta situación. O lo que es peor, NINGUNA organización que aglutine a los comunicadores en este país, tampoco haya manifestado su posición al respecto. Hay un silencio cómplice. Ojalá no se escuchen voces tan solo en el momento en que un comunicador caiga abatido en el ejercicio de su profesión,por las balas asesinas de los delincuentes, que lo confundieron con un miembro de las fuerzas del estado , disfrazado de periodista. No esperemos llegar allí. El llamado es a las organizaciones de prensa, nacional e internacional, a los representantes del Ministerio Público, para que se pronuncien entorno a qué tan válida es esta práctica, hasta dónde estamos dejando que la vida de los comunicadores y la integridad de la prensa de un país, sea colocada en la mira asesina de los delincuentes y hasta dónde se puede permitir que se involucre en un conflicto, a un sector independiente, neutral y libre.... como lo debe ser la prensa en Colombia.

¡LOS ÚNICOS SIN REVERSA SON LOS RIOS!

La liberación de los secuestrados por las Farc, a manos del ejército de Colombia y el presidente Uribe como comandante en jefe de esta fuerza, ha tenido repercusiones en todos los aspectos.
Lo primero que se divisa es un triunfo de parte del gobierno, frente a los grupos al margen de la ley. Pero, por el resultado obtenido. Teniendo en cuenta el tipo de operación y de la manera como la han dado a conocer a los medios de comunicación, igualmente existía la posibilidad de haber fallado. Entonces el resultado seria totalmente adverso.
Para las Farc, en manos de Alfonso Cano, no deja de ser crítica la circunstancia de estar tan solo "calentando el puesto" cuando le meten semejante batatazo. Es posible que los diferentes frentes de esta agrupación armada, estén considerando seriamente en la capacidad de dirección y de combate, de quien está encargado de dirigirles. Antes de esto, en las Farc se había evidenciado el desmoronamiento de su cúpula y de quienes le rodean. Muerte de cabecillas, bajas por parte de ejército de otros, traición y asesinato entre sus miembros, desmovilización y entrega a las autoridades, por parte de otros. Una serie de sucesos, que determinan que al interior de la organización, las cosas no están marchando bien.
Unos liberados que comulgan, ahora, con los operativos de rescate. Presidentes de los países vecinos que exaltan la actitud de gobierno, cuando hace algunos meses la atacaban, insultaban y manifestaban abiertamente su apoyo a los insurgentes.
Liberados que al momento de ser retenidos, estaban en desacuerdo con las políticas del estado en cabeza del presidente, como el caso de Ingrid Betancuort, quien en la carta escrita a su progenitora, indicaba la necesidad de cambiar las políticas de estado frente al conflicto interno de la nación, establecía que todo se lo debía a Francia, que su vida estaba ligada a ese país y su entero agradecimiento era para ese gobierno. Liberada, exalta la labor de "mi ejército de Colombia", reconoce y estimula la labor del "señor presidente, hay que seguir con esta política de seguridad democrática" y " qué bueno que tengamos un gobierno como este, por más tiempo".
Militares que ahora "entienden", que a los enemigos hay que enfrentarlos en otros terrenos diferentes al del armado, que hay que brindarles entera confianza, respetar los derechos humanos y buscar como persuadirlos a que desistan de su lucha armada.
Compañeros de fórmulas políticas, que ahora manifiestan que sus coequiperos no son los que esperaban y desisten en apoyarlos si fuera época de elecciones, políticos que respaldan las acciones del gobierno de turno. Un cambio radical, pero no el partido político. Un reversazo frontal para acomodarse a la situación de triunfo que puede estar ostentando el gobierno de Uribe. Pero que habría pasado, de haber sido otro el descenlace de la operación "Jaque". Estaría Uribe igual de acompañado. Me pareció que la única que en un momento determinado, guardó a pesar de todo su posición, fue Yolanda Pulecio, pero al llamado de su hija "ahora tienes que cambiar" sus percepciones frente al gobierno, no dio respuesta, pero por lo demás, quedó demostrado que los únicos que no reversan son los ríos.
La pregunta es... ¿qué se trae cada uno entre manos? incluyendo, claro está, al gobierno de Uribe.

"Algo tiene el agua, cuando la bendicen"

Le tocó al presidente... su primo el Senador Mario Uribe, tendrá muy posiblemente que "modelar" (así les dicen a los que pasan por la cárcel Modelo) por largo rato, y él, el presidente, tendrá que demostrar que sus roces con la Corte Suprema de Justicia, no han tenido ni tienen nada que ver con lo que se avecina.

Se avecina un proceso tortuoso, en donde el mandatario colombiano tendrá que resistir los embates de la prensa nacional e internacional, de los gobiernos vecinos, que constantemente lo han catalogado de ser simpatizante, y patrocinador de los grupos de autodefensa, desde sus días como gobernador de Antioquia.

Pero seguramente el presidente, aunque le cueste trabajo, pensará en que la mejor manera de afrontar esta situación, será el silencio ante quienes se atrevan a enfrentarle por la situación de su primo. Creerá el mandatario de los colombianos, que la fórmula a aplicar, es la misma que se utilizó con Cháves... pero su silencio podrá tener una carga de aceptación. "El que calla, otorga" dicen las señoras de los pueblos.

Pero deja mucho que pensar, el afán del primo del mandatario, por hacerse a un asilo político. "Algo tiene el agua cuando la bendicen", también dicen las señoras... y uno empieza por creer, que esa cultura popular, tiene algo de verdad.

Es ahora, cuando se debe dejar bien en claro por parte del gobierno de turno, su discurso contra la parapolítica, contra la corrupción y contra quienes le han enrostrado, desde su solicitud a Pablo Escobar de un helicóptero para el traslado del cadáver de su padre, hasta la creación de las Convivir, como grupo de autodefensa.

Ahora tiene una gran oportunidad, para dejar todo bien claro y en claro. No sirven de nada los constantes enfrentamientos con la corte, eso lo sabe Uribe el presidente, y quizá por ello su primo buscó el asilo político, pero no contaban con que les fuera negado, entonces ahora debe dejar que las cosas tomen su curso, que sea la justicia, que el clama, la que actué en el caso de su familiar.

Ya tiene un congreso en el cual, sus mayorías están involucradas en los caminos de la parapolítica, a esto se suma los últimos acontecimientos con los revelados informes del computador de Reyes, en donde su contradictoria Piedad Córdoba, para nada sale bien librada.

Uribe, el presidente, debería ahora, esperar la hora en que se den los resultados de las investigaciones, ya las circunstancias y cómo se desilvanaron las cosas en relación con su primo, fueron claras... pedir asilo...¿ por qué Mario Uribe no se sentía seguro en un país donde su familiar es el presidente?

Dicen las señoras: "Algo tiene el agua, cuando la bendicen"